Por el Dr. Marcos García

Durante el año pasado, numerosos odontólogos se reunieron mensualmente en salones de la Asociación Odontológica Argentina (AOA). Había una preocupación creciente por el deterioro de las condiciones laborales y los honorarios, especialmente en las empresas prepagas. Este cuadro de situación impacta directamente sobre el servicio de salud que se brinda, así como en el propio profesional. El doctor Marcos García fue uno de los impulsores de las reuniones.

A fines de año y en el marco del 30º Congreso Internacional de la AOA, García vertió una serie de reflexiones. Por razones periodísticas, ofrecemos en este número sólo la primera parte de la intervención de este profesional que, entendemos, sirve como un punto de partida para plantear públicamente el tema de la condiciones de trabajo y de los honorarios.

"Históricamente, todos los gobiernos manifiestan en forma pública sus intenciones de hacer cumplir y hacer más eficaz la justicia, brindar una mejor educación en todos sus niveles y mejorar la salud pública. Sin embargo es muy poco lo que se ha progresado en el cumplimiento de esta promesa-objetivo". Así escribía el doctor Miguel Larguía, médico pediatra, en La Nación en 1986, y retomo sus palabras, con las cuales comenzaba su artículo, porque podrían haber sido escritas hoy, y tendrían plena vigencia.

Profundas transformaciones políticas y económicas están afectando la vida y la salud de millones de personas en el mundo, generando, al mismo tiempo, complejos problemas éticos. Las reglas del mercado parecen haberse impuesto en la sociedad, y los valores humanos pierden rápidamente posiciones frente al valor del dinero. Cada vez menos oímos hablar de justicia, altruismo, solidaridad, compasión, derecho a la salud. En cambio cada vez más escuchamos hablar acerca de costo/beneficio, eficiencia, escasez de recursos, necesidades del mercado. No importa que las desigualdades económicas y sociales se agiganten, ni importa que la pobreza aumente mientras que los ricos se hacen cada vez más ricos. Tampoco importa que importantes logros sanitarios se reviertan y retornen viejas epidemias, que aumenten la violencia y la inseguridad y que aparezcan nuevos flagelos como los accidentes, las enfermedades crónicas y el SIDA. Lo que importa es que los mercados crezcan, que las inversiones rindan y que las cuentas cierren. Así es que la minoría que detenta el poder económico lo mantiene, mientras el resto sufre las consecuencias. En este desalentador panorama, una de las víctimas es el estado de salud de la población. Porque salvo honrosas excepciones, la salud no ha sido prioridad del poder político y económico. Porque la responsabilidad por la salud ha ido decreciendo progresivamente en el escenario global, llegando en la actualidad a ser presa del mercado.

Con la excusa de que el Estado es ineficiente en el cuidado de la salud, pretenden convencernos de que sólo aquellos cuyo objetivo es ganar dinero, serán capaces de diseñar modelos de atención eficientes y en consecuencia, hacerse cargo de la atención de la salud. Convendría revisar las "recetas" de los organismos financieros internacionales para privatizar la atención de la salud en los países pobres y la irrupción de inversores extranjeros en los planes privatizados de salud. Insertada en esta realidad, la salud sufre porque se ha transformado en un "negocio" en el cual los intereses de los inversores, que en pocas ocasiones coinciden con los de la gente, adquieren preeminencia absoluta. Pasando de lo general a lo particular, existiendo una ley, la Ley de fluoración de las aguas, medida preventiva altamente efectiva, con bajo costo y alto beneficio en sus resultados, nunca hubo recursos para ponerla en práctica y duerme en algún cajón del Honorable Congreso de la Nación. Ni durante el proceso de privatización de la ex OSN, que pudo ser el momento para que se negociara esta cláusula como parte del contrato, se hizo. Tampoco existen campañas públicas orientadas a la prevención de las enfermedades bucales.

En cuanto a la atención de la salud bucal, contamos con centros nacionales y municipales que a simple vista y por diversos motivos -escasez de personal, falta de infraestructura adecuada y suficiente, por nombrar sólo dos- son totalmente insuficientes para una demanda aumentada. Otra vía para la atención son las obras sociales sindicales. La realidad nos muestra que la administración de los recursos destinados a la salud ha estado generalmente en manos de "amigos" o "aliados" del poder político con poca o nula vocación de servicio e idoneidad para el desempeño de sus funciones. Así es que la mayoría de ellas se encuentran quebradas y en esas circunstancias salen a pedir "ayuda'" al Estado, que generalmente termina ayudándolos a salir del pozo, a través de créditos y/o subsidios (léase regalos) a la medida de sus necesidades. Por otra parte, el desempleo y el trabajo en negro, práctica cada vez más difundida en un mercado laboral con gran oferta y escasa demanda, hace que familias enteras carezcan, entre otras cosas, de atención médica y odontológica a través de las obras sociales.

Los sistemas de medicina prepaga parecerían una solución adecuada para el cuidado de la salud. Por el pago de una cuota, que varía a pesar de la convertibilidad, según aumenten las erogaciones de la empresa (o disminuyan sus utilidades), o según que el usuario cometa la torpeza de sobrevivir, si ya sobrepasó los 65 años, o que elija el plan plata o el plan oro o el plan platino, el asociado tiene derecho a solicitar que la empresa se haga cargo de atenderlo si está enfermo. En lo estrictamente odontológico, a pesar de existir un nomenclador nacional, las empresas deciden qué prestaciones estarán a su cargo. También deciden qué valores se le pagarán al profesional que efectúe esas prestaciones. También deciden cuándo lo harán. En los planes con reintegro deciden cuánto le reconocerán al afiliado como gasto por prestación. Y en el caso de aquellas prácticas no cubiertas por el sistema, le dicen a sus prestadores cuánto puede cobrar en calidad de honorarios a su paciente, como condición contractual.

A esto podemos sumarle las llamadas "garantías", que son condiciones que deben cumplir las prestaciones. Por ejemplo, en la mayoría de los sistemas, si un odontólogo le cura una caries, esa restauración debe durar de 3 a 5 años, según el sistema, lo cual parecería sensato en un paciente que cumple con determinadas normas preventivas, pero si en ese mismo diente aparece otra nueva caries en ese lapso, el sistema no lo abonará, y el profesional tampoco podrá cargarlo a la cuenta del paciente. Como muestra baste un botón, aunque hay más. En este panorama que induce a la mutilación se le plantean al profesional graves situaciones de conciencia: juró hacerse cargo de la salud de quienes así se lo requieran, pero debe hacerlo a costa propia?

(Fuente: Revista )